Cuando la inteligencia artificial empezó a ocupar titulares en la prensa jurídica, los juristas tuvimos una reacción casi refleja: nueva tecnología, nuevo texto. Reglamentos, directivas, proyectos de ley, guías, marcos de gobernanza. La producción normativa se multiplicó a un ritmo que pocas tecnologías habían generado antes.
El problema es que esta lógica confunde actividad regulatoria con regulación efectiva.
El halo simbólico
Una proporción considerable de la regulación de la IA se construye alrededor de lo que la tecnología parece ser, no de lo que realmente hace. Los textos normativos adoptan la terminología de los comunicados de prensa, hablan de sistemas que “aprenden”, de decisiones “autónomas”, de “inteligencia” en sentido literal. Al hacerlo, regulan el halo simbólico y las promesas de marketing, no los mecanismos concretos que determinan si un sistema es peligroso, sesgado o transparente.
Una norma que regula una fantasía tecnológica no protege a nadie.
La pregunta que se suele omitir
Hay una cuestión más profunda que en la carrera regulatoria se deja de lado con frecuencia: ¿por qué existe el derecho? El derecho existe para resolver conflictos de forma previsible, para proteger derechos, para distribuir responsabilidades de manera que las consecuencias del riesgo recaigan sobre quien lo genera. Cuando se olvida esa función, las normas se convierten en declaraciones de intención. La eficacia, que depende de si una norma es aplicable, coherente con el sistema jurídico existente y capaz de adaptarse a la variabilidad real de la tecnología, queda fuera de la discusión.
Incertidumbre e inflación reglamentaria
En mi capítulo “Inteligencia Artificial: Juego de funámbulo entre Incertidumbre e Inflación Reglamentaria”, incluido en el libro colectivo El futuro de la regulación en la era digital (coordinado por Eileen Matus, editorial Tirant lo Blanch), desarrollo esta tensión: por un lado, la incertidumbre genuina sobre lo que la IA puede y no puede hacer; por otro, la tentación de legislar para cada percepción de riesgo, generando una acumulación normativa que termina por ser inmanejable.
El funámbulo no avanza lanzándose hacia un lado. Avanza porque sabe exactamente en qué punto puede inclinarse sin caer. La regulación de la IA necesita ese mismo equilibrio: reconocer lo que no sabemos, y aplicar con rigor los principios jurídicos que ya existen, en lugar de sustituirlos por textos nuevos que reproducen la misma confusión conceptual.
El libro reúne perspectivas de autores como Clara-Luz Álvarez, Elena Estavillo, Jose Roldan Xopa, Ana Elena Fierro Ferraez, Andrea Marvan Saltiel, Anahiby Becerril y otros que trabajan en la intersección del derecho y la tecnología en México. Una contribución colectiva que vale la pena leer si te interesa entender hacia dónde va la regulación digital en la región.